Mérida, Yucatán, 27 de noviembre de 2025.
El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE) manifestó este jueves su rechazo al incremento propuesto al Impuesto sobre la Nómina, al señalar que se trata de “un impuesto sobre el empleo” que impactará directamente a miles de trabajadoras y trabajadores formales en el estado.+
En conferencia de prensa, el organismo empresarial subrayó que el aumento se dio a conocer “de manera tardía”, sin mesas técnicas ni participación del Consejo Consultivo del Presupuesto, instancia encargada de revisar estos planteamientos.
“El proceso, que en años recientes se había caracterizado por el diálogo y el análisis conjunto, esta vez se tomó de manera unilateral”, se expuso.
Un impuesto que encarece el empleo formal
El CCE enfatizó que el gravamen no recae sobre utilidades empresariales, sino directamente sobre cada empleo generado. “Cada salario pagado representa una obligación adicional. Cuando se incrementa este impuesto, no se afecta a las empresas como entes abstractos; se afecta a quienes trabajan en ellas”, afirmaron.
Recordaron que solo el 4% de las empresas —las medianas y grandes— generan el 66% del empleo formal en Yucatán, por lo que el impacto recaería sobre el motor que sostiene dos terceras partes de los puestos formales en el estado.
Actualmente, estimaron, las empresas pagan $3.7 millones diarios por este concepto, equivalentes a $1,343 millones al año.
Con el aumento proyectado —incluyendo el ajuste al salario mínimo y la nueva tasa del 3.75% aplicable al 66% del empleo formal— la carga ascendería a $4.8 millones diarios, es decir, $1,753 millones al año.
“Más de $1.1 millones adicionales cada día”, precisaron.
Y aun así, aclararon que estas cifras representan apenas un cálculo mínimo, pues la mayoría de los trabajadores percibe salarios superiores al mínimo.
Riesgos en la competitividad y en la plantilla laboral
El organismo advirtió que incrementar el costo del empleo formal afectará la capacidad de las empresas para sostener sus plantillas en el mediano plazo.
“También limita el margen para mejorar salarios y prestaciones, reduciendo el poder adquisitivo real de las y los trabajadores”, se indicó.
Subrayaron que la justicia social “no se construye encareciendo el empleo formal”, sobre todo en un entorno económico de bajo crecimiento y menor inversión privada.
“Los estados más competitivos no encarecen la formalidad; la fortalecen”, asentaron.
Se recordó que en 2025 el Estado proyectó $4,858 millones en ingresos provenientes del impuesto sobre la nómina, cifra que representa el 72% de toda la recaudación local.
Llamado al diálogo y al análisis legislativo
El CCE hizo un llamado respetuoso al Gobierno del Estado para “abrir un espacio de diálogo real”, con sustento técnico y visión de largo plazo, para revisar alternativas más justas y modernas de recaudación.
“El sector empresarial de Yucatán no es adversario del desarrollo social; es aliado”, recalcaron, al señalar que comparten la necesidad de mejorar la infraestructura y servicios públicos, pero no mediante una mayor carga al empleo formal.
Asimismo, invitaron a las diputadas y diputados del Congreso local a no aprobar el incremento por el impacto que tendría en la competitividad y el desarrollo económico del estado
“Estamos listos para construir”
El boletín cerró reiterando la disposición del sector empresarial para participar activamente en un diálogo técnico y responsable.
“Lo que pedimos es sencillo: decisiones responsables que protejan el empleo formal, impulsen la inversión y aseguren el desarrollo económico sostenible de Yucatán”, concluyó el organismo.