Las instituciones buscan avanzar ante los retos existentes en materia de procuración de justicia
El fiscal General del Estado, Juan Manuel León León, asistió a la XLVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en donde se acordó establecer un grupo de coordinación con el Poder Judicial de la Federación para abordar temas de interés mutuo.
Asimismo, se anunció la puesta en marcha de reuniones temáticas grupales que ayudarán a las instituciones a avanzar ante los retos existentes en materia de procuración de justicia.
La reunión fue presidida por el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, y el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, y reunió en la capital del país a fiscales y procuradores de todo el territorio mexicano
Juan Manuel León León resaltó este tipo de reuniones que ayudan al intercambio de estrategias y al trabajo coordinado con sus homólogos de todo el territorio nacional, por lo que insistió en la importancia de los acuerdos tomados.
Al término de la reunión, Ernestina Godoy Ramos, fiscal de Justicia de la Ciudad de México, en representación de la Asamblea, hizo énfasis en la realización de las sesiones con el Poder Judicial que servirán para abordar temas de interés nacional, relacionados con la impartición y la procuración de justicia.
Durante la sesión, los fiscales y procuradores presentes tomaron conocimiento del informe de actividades del periodo diciembre de 2021 a agosto de 2022, mismo que será presentado ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
De igual manera, aprobaron la propuesta para celebrar reuniones grupales para el intercambio de experiencias en materia de procuración de justicia, por lo que en los próximos meses se realizarán sesiones para hablar de temas como feminicidios y desaparición forzada.
Los integrantes de la Conferencia destacaron los avances y seguimiento de la implementación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP) impulsado para que las autoridades federales, estatales y locales, organismos internacionales e integrantes de diversos sectores, accedan a información estadística de mayor calidad y con ello mejorar la confianza en la información y en las instituciones de procuración de justicia.