Roberto Ojeda, director de “Información y Poder” asegura que se planea aplicar un nuevo impuesto a empresarios yucatecos para subsidiar al sistema de transporte público de Yucatán.
El impuesto que planea la ATY para salvar al Va y Ven
En Yucatán, el sistema de transporte público Va y Ven atraviesa una crisis financiera profunda. Así lo han dicho en reiteradas ocasiones —y con todas sus letras— el gobernador Joaquín Díaz Mena y su director de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), Jacinto Sosa Novelo. Afirman que el modelo no es viable como está, que se diseñó sin estudios actualizados de movilidad, sin proyecciones financieras realistas y con una infraestructura y flota sobredimensionadas. Hoy, mantenerlo cuesta más de 2,600 millones de pesos al año, pero solo recauda 75 millones al mes, es decir, ”ni para una quincena”.
Y en medio de este boquete presupuestal, la nueva propuesta que comienza a explorarse desde el gobierno, dicho por diversas fuentes, es la modificación de un impuesto estatal que recaiga en el sector empresarial para financiar parte del sistema. Es decir, sin rodeos y titubeos: que lo pague quien ya paga más. Una idea tan peligrosa como injusta.
El impuesto que pretenden modificar es el de nómina, por el cual hoy los pequeños, medianos y grandes empresarios pagan el 3% y que se está analizando si se sube al 4%, que es el porcentaje que se paga en Quintana Roo, o incluso un poco más si eso no ayuda mitigar el problema en el que se encuentra el transporte público. Esto debería ser anunciado o puesto sobre la mesa, después de las reuniones de trabajo que se tengan a partir del 20 de agosto.
De antemano le advertimos al gobierno que no espere que esto sea aceptado sin más por el sector empresarial de Yucatán, porque si de algo se ha quejado la iniciativa privada en nuestro país —con razón— es del creciente peso tributario que se le ha venido imponiendo en los últimos años. Impuestos como el IEPS, los derechos especiales sobre minería, el impuesto al reparto de dividendos, el nuevo impuesto a las emisiones de carbono, las obligaciones fiscales por subcontratación y las crecientes responsabilidades patronales (como el incremento en días de vacaciones, el nuevo cálculo para pensiones y la jornada laboral de 40 horas), se han sumado sin una estrategia integral que permita sostener la productividad. Sumado a eso, en Yucatán se plantea ahora financiar el Va y Ven como si fuera responsabilidad exclusiva de quienes generan empleo y pagan impuestos.
La iniciativa privada no debería seguir siendo la caja chica de los errores públicos. La discusión no es si hay que salvar el Va y Ven. Claro que hay que hacerlo. El ciudadano necesita un sistema moderno, digno y eficiente. La discusión es cómo. Y ahí es donde creo que el sector privado debe poner sobre la mesa propuestas y condiciones razonables.
Cuando hablamos de financiamiento, hay más caminos además del impuesto. ¿Qué hay de la publicidad en paraderos, unidades, centros de transferencia y en la misma app del Va y Ven? ¿Qué pasa con el impuesto aprobado a plataformas de transporte como Uber y Didi, del cual no se ha recaudado ni un solo peso? ¿Por qué se permite la operación de mototaxis y otros servicios irregulares sin aportar absolutamente nada al sistema? Es momento de mirar todo el abanico de opciones, y no solo cargar más a los mismos.
Afortunadamente, hay algunas señales positivas. El propio Jacinto Sosa ha comenzado a matizar su postura y parece que el sistema no se desarticulará. Eso es un avance. Pero si vamos en serio, hay que pensar con cabeza fría y técnica clara. Existen al menos tres pilares innegociables que deben conservarse y fortalecerse:
• El pago electrónico y digitalizado. Eliminarlo sería un retroceso. Es lo único que permite trazabilidad, análisis de datos, control y —sobre todo— transparencia, la cual hay que fortalecer.
• El enfoque en el kilometraje recorrido, no en la tarifa por pasajero. Este modelo evitó las carrerillas, las prácticas de discriminación contra estudiantes o personas con subsidios, y permitió que las rutas se cumplieran con lógica social, no de ganancia inmediata.
• La accesibilidad universal. No hay vuelta atrás en la inclusión. Todas las unidades deben estar adaptadas para personas con discapacidad, adultos mayores y quienes más dependen del transporte público.
Ahora bien, si el problema —como ha dicho Jacinto Sosa— es que solo 110 mil personas usan el Va y Ven al día, y no los más de 400 mil viajes que registran los concesionarios, entonces el reto es hacer que más personas lo usen. Y eso se logra invitando a la ciudadanía, generando confianza, y diseñando una campaña de promoción bien hecha, en alianza con el sector empresarial, con universidades, asociaciones civiles y medios de comunicación, así como una reingeniería masiva de todas las rutas, para que sean una verdadera opción para que todos opten a usarlo por encima de su vehículo personal.
Estoy seguro que los ciudadanos no quieren que cada administración llegue a “reformar” lo que el anterior dejó, sin continuidad técnica ni respeto por el dinero público. No hay sistema que aguante tanta improvisación.
🪶 Roberto Ojeda Benítez
Director de INFORMACIÓN Y PODER. Premio Nacional de Periodismo Veritas in Verbi 2019
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