La Ley 3 de 3 contra la violencia de género en Yucatán establece que personas con antecedentes de violencia de género no podrán ocupar cargos públicos.
Especialistas y activistas consideran que esta normativa marcará un precedente en la participación democrática femenina en Mérida y el interior del Estado. Alcaldesas y alcaldes apoyan esta medida para proteger a las mujeres yucatecas.
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad esta ley, resultado de la colaboración con la sociedad civil, que prohíbe a deudores alimentarios, acosadores sexuales y agresores por razones de género acceder a cargos públicos.
El Gobierno de Yucatán, bajo el gobernador Mauricio Vila Dosal, fortalece el marco legal con tres ejes: fortalecimiento institucional, prevención y atención a la violencia, y empoderamiento económico y social de las mujeres.
La coordinadora de Amisy, María Eugenia Núñez Zapata, resaltó que esta ley refleja un compromiso histórico con la igualdad, que involucra también a hombres comprometidos con la causa.
El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, destacó que la ley establece filtros para candidatos a cargos públicos. Recientemente, el alcalde de Oxkutzcab, Juan José Martín Fragoso, fue señalado por un caso de acoso sexual, lo que motivó solicitudes para su inhabilitación conforme a esta ley.
Vida Gómez Herrera, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso, señaló que la ley permitirá sancionar y evitar que agresores de mujeres ocupen cargos públicos en la entidad.