El Gobierno de México implementó 202 acciones para mejorar la infraestructura educativa en los niveles de Educación Media Superior y Superior. El objetivo es garantizar el derecho a la educación, ampliar la cobertura y ofrecer condiciones adecuadas para el aprendizaje de los jóvenes, según informó el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.
Durante 2025, en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se construyeron 20 nuevos planteles de bachillerato, de los cuales 14 ya están terminados y seis se concluirán en febrero de 2026. Para 2026, se proyecta la construcción de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 52 ampliaciones en 31 entidades federativas y la creación de 130 Ciberbachilleratos, generando 65,400 nuevos espacios educativos en el país.
Se impulsa también la reconversión de secundarias a bachilleratos y la implementación de un sistema modular para facilitar el regreso de estudiantes al Sistema Educativo Nacional (SEN) y promover una formación integral con enfoque científico, humanista, cultural y físico. Actualmente, se construyen 17 Bachilleratos Tecnológicos en 11 entidades, con capacidad para más de 18,000 estudiantes en instalaciones nuevas y equipadas.
En Educación Media Superior, con más de 5.5 millones de jóvenes inscritos, se han actualizado planes y programas de estudio, incorporando 14 nuevas carreras en el Bachillerato Nacional, alineadas a las necesidades sociales y productivas del país. En Educación Superior, la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) contará con nueve sedes en distintas entidades, ofreciendo 36 licenciaturas, cinco especialidades, tres doctorados, 15 posgrados y siete maestrías.
Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) operan actualmente 215 sedes con 85,000 estudiantes, 1,652 docentes y 10,589 egresados titulados. Se planea abrir nuevas sedes en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, con la meta de alcanzar 300 sedes al final de la administración federal.
Estas acciones buscan impulsar un desarrollo más equitativo y competitivo, promoviendo la inclusión de comunidades vulnerables y reafirmando el compromiso del Gobierno de México con una educación pública, gratuita y de calidad.