Mérida, 7 de diciembre de 2021. La Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado recomendó al Poder Judicial una revisión profunda de su presupuesto para 2022. Esta medida busca beneficiar a más de 1,200 trabajadores que solicitan una redistribución del aumento asignado en el paquete fiscal presentado por el Ejecutivo.
Por segundo año consecutivo, el Poder Judicial propone congelar el aumento salarial, lo que generó inconformidad en los sindicatos de trabajadores del sector, representados por Renán Marcelino Puc Chi y Luisa Inés Martín Puc. Tras reunirse con estos líderes, el diputado Crescencio Gutiérrez González, secretario de la comisión, sugirió revisar el marco normativo para optimizar servicios y reconocer el esfuerzo del personal.
El diputado Eduardo Sobrino Sierra, del PRD, destacó que el Poder Judicial tiene facultades para ajustar su presupuesto y mejorar los salarios. Además, señaló la necesidad de actualizar su funcionamiento para garantizar una operación eficiente.
El Poder Judicial está conformado por tres organismos: el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipio, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia. La controversia sindical se centra en la distribución desigual del incremento presupuestal del “capítulo 1000”, donde la mayoría de recursos se asignan al Tribunal Superior de Justicia (289 plazas) y al Tribunal de los Trabajadores (23 plazas), mientras que el Consejo de la Judicatura, con 921 plazas, solo tiene 143 elegibles para aumento según los criterios vigentes.
Los sindicatos confían en que el Poder Judicial cumpla con las normas de Contabilidad Gubernamental para lograr una clasificación económica ordenada y coherente del gasto. Esto permitiría identificar los bienes y servicios necesarios para una gestión eficaz y justa.