En Tijuana, Baja California, abogados enfrentan amenazas constantes que han impactado la práctica del Derecho penal. Según testimonios, tanto las partes acusadas como los propios clientes ejercen presión mediante amenazas directas, lo que ha llevado a algunos profesionales a abandonar la litigación penal.
El caso más grave ocurrió el 15 de febrero de 2023, cuando fue ejecutado el abogado Víctor Hugo López Ramírez, defensor de líderes del grupo delictivo Los Zetas. Este hecho ocurrió en una zona comercial exclusiva, y uno de los sicarios fue detenido tras el ataque. Además, en marzo de 2023 otro abogado fue baleado en su domicilio por un grupo delictivo, aunque sobrevivió al ataque.
En noviembre de 2023, la Fiscalía General de la República en Tijuana fue atacada, generando temor entre los abogados para acudir a esas instalaciones. También se registraron casos de secuestro y asesinato de abogados dedicados a otras áreas del derecho, como el civil y mercantil.
Ante estos hechos, los abogados han optado por evitar casos penales y se han especializado en áreas menos riesgosas, aunque con menores ingresos. Esta tendencia refleja un cambio significativo en la práctica jurídica en la región, motivado por la inseguridad y la violencia contra profesionales del Derecho.