La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados propone sancionar a empleadores que obliguen a sus trabajadores a firmar renuncias anticipadas o documentos en blanco. La multa por esta práctica podría oscilar entre 12,027 y 182,818 pesos, y aplicarse por cada trabajador afectado.
Esta medida busca erradicar una práctica común en México, donde la firma anticipada de renuncias se utiliza para justificar despidos sin indemnización. La diputada Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa que equipara estas acciones con la presentación de documentos y testigos falsos, según la Ley Federal del Trabajo.
Además de la multa, los empleadores podrían enfrentar una pena de prisión de cuatro a seis años. La propuesta también incluye facultar a los inspectores de trabajo para realizar visitas extraordinarias y prevenir la alteración de documentos firmados o la exigencia de firmas en blanco durante la contratación.