Yucatán enfrenta una transformación en su seguridad pública tras años de ser un referente nacional. La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del primer trimestre de 2025 revela que Mérida salió del top 10 de ciudades con mayor percepción de seguridad. Además, los homicidios aumentaron un 11% en el mismo periodo, según datos federales. Este escenario motivó al gobierno estatal, bajo la dirección de Joaquín “Huacho” Díaz Mena, a implementar medidas contundentes.
Entre las acciones destacadas está la instalación de arcos de seguridad en los límites con Quintana Roo, con el objetivo de impedir el ingreso de grupos criminales y preservar la tranquilidad del estado. El gobernador ha enfatizado la necesidad de proteger la paz social.
La estrategia también incluye mayor presencia policial en zonas rurales, adquisición de patrullas y tecnología de videovigilancia, así como programas de prevención del delito enfocados en jóvenes.
Para financiar estas acciones, el Diario Oficial de la Federación publicó un convenio entre el Gobierno de Yucatán y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este acuerdo destina más de 269 millones de pesos: 212 millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y 57 millones de recursos estatales.
El gobierno estatal se comprometió a transparentar el uso de estos fondos mediante informes periódicos y la publicación de avances en plataformas digitales.
En un contexto nacional donde la violencia se extiende a regiones antes pacíficas, Yucatán apuesta por una inversión histórica para mantener y recuperar sus niveles de seguridad. La colaboración entre el gobierno federal y estatal será clave para este objetivo.
Mérida, anteriormente reconocida como una de las ciudades más seguras de México, ha salido del top 10 en percepción de seguridad. Aunque los delitos de alto impacto no han aumentado significativamente, sí se reporta un ligero incremento en robos y violencia familiar, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El aumento en homicidios dolosos durante el primer trimestre ha acelerado la implementación de nuevas medidas de seguridad en todo el estado.