Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México, siete de cada diez divorcios implican el incumplimiento de la pensión alimenticia por parte de los padres. Por ello, se destaca la importancia del Registro Nacional de Deudores Alimentarios y la “Ley 3 de 3”, indicó el doctor en Derecho Rubén Osorio Paredes.
El Registro Nacional, aprobado en marzo, exige que las personas presenten un certificado de no inscripción para realizar trámites como obtener licencias de conducir, pasaporte, credencial de elector, contraer matrimonio o realizar compraventas de inmuebles. Además, quienes estén inscritos no podrán ser candidatos a cargos públicos.
El despacho de Rubén Osorio informó que la implementación del registro estará lista a inicios de 2024. La ley establece que no podrán competir por cargos públicos quienes sean deudores alimentarios o tengan antecedentes penales relacionados con violencia familiar, delitos sexuales o violencia laboral contra mujeres.
Desde el 29 de mayo, las reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución, conocidas como “Ley 3 de 3 contra la violencia”, suspenden los derechos políticos de personas sentenciadas por delitos sexuales, falta de pago de pensión alimenticia o violencia familiar.
El objetivo de esta normativa es priorizar la responsabilidad parental y personal antes de acceder a un cargo público, enfatizando la importancia de ser un buen padre y servidor en el ámbito familiar antes de ejercer funciones públicas.