Después de presentar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las empresas en México disponen de 60 días para pagar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). Este pago representa una obligación fiscal y un desafío operativo y financiero.
La PTU, regulada por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, debe pagarse a todos los trabajadores, incluidos aquellos que ya no laboran en la empresa. Esto ha generado dudas sobre los derechos de exempleados.
Según la ley, los trabajadores que hayan renunciado o sido despedidos tienen derecho a la PTU si trabajaron al menos 60 días en el ejercicio fiscal y la empresa obtuvo ganancias netas iguales o superiores a 300 mil pesos.
Las empresas deben mantener registros precisos y establecer procesos claros para cumplir con esta obligación, incluso con extrabajadores. También deben comunicar montos y fechas de pago a estos empleados.
La legislación excluye del pago a trabajadores domésticos, directivos de alto nivel, prestadores de servicios por honorarios y empresas en su primer año o sin fines de lucro.
En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), que brinda asesoría gratuita y supervisa las prácticas empresariales.
El pago debe realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo para empresas, y del 1 de mayo al 29 de junio para personas físicas, consolidando este periodo como clave en materia laboral y corporativa en México.